Mientras un reducido grupo de potencias tecnológicas monopoliza los beneficios económicos de la inteligencia artificial, la huella ecológica en consumo de agua, ocupación de suelo y gestión de residuos cae de forma desproporcionada sobre países y comunidades vulnerables que, además, se benefician muy marginalmente de los avances tecnológicos.
La narrativa predominante sobre la inteligencia artificial suele evocar imágenes de algoritmos etéreos y soluciones digitales incorpóreas. Sin embargo, detrás de la pantalla se oculta una infraestructura física colosal que consume recursos naturales a una escala gigantesca. Un reciente informe del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH) ha puesto cifras a esta realidad: para el año 2030, los centros de datos que sustentan la inteligencia artificial consumirán unos 945 teravatios-hora de electricidad. Esta cifra equivale a casi el triple del consumo anual combinado de naciones altamente pobladas como Pakistán, Bangladés y Nigeria, que juntas albergan a más de 650 millones de habitantes.
El impacto hídrico resulta igualmente alarmante. Para mantener fríos los servidores y generar la energía que requieren, la huella de agua de la inteligencia artificial alcanzará en 2030 el volumen necesario para cubrir las necesidades básicas de 1.300 millones de personas, cifra equivalente a toda la población del África subsahariana. Además, la superficie terrestre destinada a sus infraestructuras energéticas y cadenas de suministro superará los 14.500 kilómetros cuadrados, el doble de la extensión del área metropolitana de Yakarta.
Más allá de la magnitud cuantitativa de estos datos, el estudio liderado por el profesor Kaveh Madani expone una profunda brecha de justicia ambiental y geopolítica. Actualmente, la capacidad de cómputo para inteligencia artificial está desproporcionadamente concentrada: solo 32 países albergan centros de datos especializados en esta tecnología, y el 90% de esa capacidad global se localiza en apenas dos potencias. En el otro extremo, más de 150 naciones carecen de acceso a una computación soberana. No obstante, las consecuencias ecológicas y los costes colaterales de este desarrollo no se distribuyen con la misma exclusividad.
Los costes ambientales más severos están recayendo históricamente sobre regiones que no se benefician de manera equitativa de los dividendos económicos ni del control de la tecnología. La demanda incesante de minerales críticos para fabricar componentes informáticos devasta ecosistemas vulnerables en economías en desarrollo con escasa supervisión ambiental. Asimismo, se proyecta que la infraestructura de inteligencia artificial generará hasta 2,5 millones de toneladas anuales de residuos electrónicos para 2030, un volumen masivo de basura tecnológica que será procesado mayoritariamente en países de bajos ingresos desprovistos de salvaguardas ambientales adecuadas.
El problema se manifiesta también a escala local a través de tensiones territoriales agudas por el acceso a recursos vitales. Por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, México, el despliegue acelerado de instalaciones informáticas ha intensificado la presión sobre las reservas hídricas en medio de sequías prolongadas. Un fenómeno similar ocurrió en Uruguay, donde se proyectó un centro de datos de alto consumo hídrico precisamente cuando las reservas de agua dulce de Montevideo atravesaban un periodo crítico de escasez. Incluso en economías desarrolladas como la de Irlanda, los centros de datos llegaron a absorber el 21% de la electricidad nacional en 2023, obligando a las autoridades a congelar nuevas licencias de conexión en su capital hasta 2028.
Los expertos advierten sobre el peligro de enfocar la sostenibilidad únicamente en la reducción de emisiones de carbono, ignorando las interconexiones ecológicas. Como señala el informe de las Naciones Unidas, sustituir fuentes fósiles por bioenergía puede recortar la huella de carbono en un 70%, pero al mismo tiempo multiplica por treinta el uso de agua y por cien la ocupación de suelo. “Bajo en carbono” no equivale automáticamente a “bajo en impacto hídrico ni en uso de territorio”. La descarbonización de la matriz energética es indispensable, pero si se ejecuta sin considerar los recursos hídricos y la preservación del suelo, únicamente trasladará la crisis ambiental de un ámbito a otro.
En este complejo escenario, el rector de la Universidad de las Naciones Unidas, Tshilidzi Marwala, enfatiza que la construcción de un sistema global de inteligencia artificial exige un marco de gobernanza genuinamente equitativo y responsable sobre todo el ciclo de vida tecnológico. No se trata de emitir un manifiesto en contra del progreso, sino de garantizar que la columna vertebral del avance digital se desarrolle dentro de los límites físicos planetarios. La verdadera sostenibilidad requiere que las comunidades que proporcionan los minerales, el agua y el suelo no sean tratadas como zonas de sacrificio, sino que participen de forma justa en los beneficios de la era digital.