La nueva Ley de Atención a la Clientela promueve que las empresas revisen sus modelos de servicio, mientras los expertos advierten de que la automatización puede reducir costes, pero nunca sustituir la atención humana en el 100% de los casos.
La inteligencia artificial se perfila como una de las principales herramientas para transformar la atención al cliente, en un momento en el que las empresas deben adaptar sus servicios a las nuevas exigencias normativas. La posibilidad de automatizar consultas, ofrecer respuestas inmediatas y gestionar un mayor volumen de interacciones sin incrementar los recursos humanos, sitúa a esta tecnología en el centro del debate. Sin embargo, su implantación plantea una cuestión fundamental.
¿cómo mejorar la eficiencia sin que la experiencia del consumidor se resienta?
La Ley sitúa esta cuestión entre las prioridades empresariales de cara al 28 de diciembre de 2026, fecha límite para adaptar los servicios. Aunque la IA puede contribuir a agilizar procesos y reducir determinadas tareas repetitivas, las organizaciones coinciden en que su eficacia depende del tipo de servicio, de las características de las consultas y de la capacidad para ofrecer soluciones reales a los consumidores.

Desde el equipo jurídico de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU resumen esta distinción, “la IA puede ayudar a cumplir, pero no puede ser la forma de cumplir”. Considerando que la tecnología debe contribuir a mejorar la atención, no a convertirse en un mecanismo para sustituir a los profesionales y abaratar el servicio a costa del usuario.
Uno de los principales argumentos a favor de la inteligencia artificial es su capacidad para gestionar automáticamente consultas sencillas y recurrentes, como comprobar el estado de un pedido, actualizar determinados datos o responder preguntas frecuentes. En estos casos, la automatización puede reducir los tiempos de espera y liberar recursos para atender situaciones que requieren una intervención más especializada. El equipo de UNCUMA considera que una parte significativa del ahorro se concentrará en estas gestiones, que pueden resolverse sin necesidad de intervención humana. No obstante, advierten de que la automatización generalizada de consultas y reclamaciones puede hacer que el cliente perciba que está interactuando con un bot, algo que no todos los usuarios valoran positivamente.
Iván López, AI Project Manager en Enreach, aporta una estimación del alcance que puede tener esta automatización, pues según sus cálculos, la IA puede gestionar entre el 30% y el 40% de las conversaciones, aunque el porcentaje varía según el sector y el tipo de consultas. La tecnología ya puede resolver no solo preguntas informativas, sino también trámites que requieren consultar o modificar datos en plataformas externas, como la gestión de citas, reservas o viajes. Al asumir estas tareas, los agentes pueden centrarse en las consultas más complejas y en aquellos que prefieran una atención personal.
Desde Enreach, Ignasi de Benito, asesor jurídico de la compañía, añade que el ahorro también debe contemplar el riesgo económico de incumplir la normativa. Según señala, las infracciones de la Ley SAC pueden conllevar sanciones que varían en función de su gravedad y de las circunstancias del caso. “A ojos de la Administración, incumplir la Ley SAC equivale a vender un producto o servicio con cláusulas abusivas o a no respetar una garantía”.
Desde una perspectiva operativa, el ahorro también puede proceder de mejorar la gestión de las incidencias. Según el equipo jurídico de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, una IA bien utilizada puede clasificar y priorizar reclamaciones, detectar patrones de error, preparar información para los agentes y resolver gestiones sencillas. El objetivo no sería únicamente reducir el número de profesionales necesarios, sino evitar que los problemas se repitan y que una incidencia termine generando nuevas llamadas y reclamaciones. Esta visión contrasta con la experiencia de empresas que prestan servicios de atención telefónica en los que la casuística es más compleja. Carlos Prados, CEO de SVAE, señala que “el 60% de las llamadas que gestionamos son incidencias, cambios de agenda y averías en las que, en muchos casos, exigen interactuar con las plataformas de sus clientes y coordinar actuaciones con técnicos, reparadores o seguros”.
En este contexto, Prados considera que la IA podría asumir parte del 40% restante, relacionado con la recogida de datos, siempre que se trate de negocios con procesos estandarizados y poca variabilidad. Por ello, el potencial de ahorro no depende solo de la tecnología disponible, sino también de la naturaleza del servicio y del grado de complejidad de las operaciones.
Carmen Redondo, de HISPACOOP, coincide en que la automatización puede ser útil para gestionar consultas frecuentes, clasificar incidencias y hacer seguimiento de expedientes, pero recuerda que el objetivo principal de la norma no es reducir costes, sino reforzar los derechos de las personas consumidoras. El éxito no debería medirse por el número de personas atendidas por una máquina, sino por la capacidad de resolver sus problemas de forma sencilla y con garantías.
Un modelo híbrido para mantener la confianza del cliente
La incorporación de inteligencia artificial está modificando la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes, pero el alcance de esa transformación continúa siendo objeto de debate. La posibilidad de mantener conversaciones automatizadas, cada vez más naturales, no elimina las dudas sobre la capacidad de estos sistemas para comprender situaciones complejas, interpretar necesidades particulares o resolver reclamaciones que exigen decisiones específicas. Iván López, de Enreach, considera que el sector atraviesa una transformación acelerada que afecta tanto a la experiencia del cliente como a la de los propios agentes y a la organización interna de las empresas. A su juicio, la IA no tiene por qué sustituir a las personas, sino liberarlas de la obligación de responder a todas las consultas, permitiéndoles concentrarse en los casos que requieren mayor atención.
El grado de automatización depende también de las preferencias de cada consumidor, por ello, es esencial que los sistemas puedan transferir la conversación a una persona cuando el autoservicio no sea suficiente o cuando el cliente lo solicite. Para Miguel Ángel, presidente de la Asociación Española de Consumidores, el uso de estas tecnologías puede ser una opción válida si ofrece respuestas efectivas. La automatización puede ayudar a las empresas a afrontar las nuevas exigencias sin asumir los costes que tradicionalmente han alegado como un obstáculo, pero insiste en que el consumidor debe recibir una solución real. “El reto es la personalización”, afirma el presidente, quien considera que la disponibilidad permanente y la rapidez son aspectos que los usuarios ya dan por descontados. La atención efectiva y concreta sigue siendo, a su juicio, el principal desafío, aunque no descarta que la inteligencia artificial llegue a ofrecerla, defiende que su desarrollo debe orientarse a facilitar la vida de las personas.
En esta misma línea, Carlos Prados cree que el mayor cambio llegará cuando los consumidores confíen en la capacidad de la IA para resolver sus problemas, mientras tanto, la tecnología puede desempeñar un papel complementario, especialmente en momentos de elevada demanda. SVAE lleva 13 años ofreciendo atención permanente, con tiempos de respuesta de entre ocho y doce segundos en condiciones normales de servicio. Desde esa experiencia, Prados identifica en la IA una oportunidad para gestionar los picos de llamadas provocados por averías generales o condiciones meteorológicas adversas, aunque no cree que pueda superar la empatía, la comprensión y la flexibilidad de una persona.
Las preferencias de los usuarios también condicionan el modelo. El equipo de UNCUMA apunta que la rapidez y la disponibilidad 24⁄7 pueden resultar especialmente atractivas para los consumidores más jóvenes, habituados a los canales digitales, mientras que las personas de mayor edad pueden valorar más la atención personalizada. Por ello, considera que la IA debería concentrarse en consultas sencillas, recurrentes o similares, sin desplazar indiscriminadamente otros canales de servicio.

Tratando el tema de la rapidez, las herramientas de IA ya permiten responder preguntas frecuentes a cualquier hora, transcribir y resumir llamadas, dirigir consultas al departamento adecuado, traducir conversaciones y proporcionar información a los agentes mientras atienden al cliente, lo que mejora la experiencia al reducir esperas y evitar que el usuario tenga que explicar varias veces el mismo problema.
Desde Enreach identifican varios usos que ya pueden mejorar el servicio: comprender el motivo de una llamada sin obligar al cliente a recorrer un menú cerrado, derivar cada consulta al agente más adecuado con un resumen del historial y ofrecer autoservicio para gestiones que pueden resolverse de principio a fin. Iván López destaca también las herramientas de apoyo a los profesionales, como los asistentes virtuales que ayudan a los nuevos agentes a aprender procesos y los copilotos que les permiten consultar información en tiempo real. Según explica, separar los entornos de conocimiento de los bots que atienden al público y de los asistentes internos ayuda a evitar que utilicen información que no corresponde a su función.
Sin embargo, el equipo jurídico de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU establece una diferencia entre automatizar una tarea y resolver de forma autónoma un conflicto. Una reclamación puede exigir interpretar un contrato, valorar circunstancias personales, reconocer un error de la empresa o determinar una compensación, y esto son situaciones en las que los sistemas actuales no siempre cuentan con la capacidad necesaria para adoptar decisiones y asumir compromisos en nombre de la organización.
La calidad del servicio depende, por tanto, de cómo se integre la tecnología en los procesos empresariales. Un sistema que responde rápidamente, pero ofrece información incorrecta o no resuelve la consulta, puede aumentar la frustración y provocar nuevos contactos, de ahí que la reducción de los tiempos de respuesta deba ir acompañada de indicadores que permitan comprobar si las incidencias se solucionan y si los clientes quedan satisfechos. CECU considera que la IA puede mejorar la experiencia frente a modelos tradicionales caracterizados por esperas prolongadas o agentes sin información suficiente para resolver problemas. No obstante, atribuye esa mejora a la combinación de tecnología y profesionales, no a la sustitución de unos por otra. La transparencia constituye otro elemento esencial, y es que los consumidores tienen derecho a saber cuándo interactúan con un sistema de inteligencia artificial, porque el Reglamento europeo de IA contempla obligaciones de información para estas interacciones. El objetivo, por tanto, no debe ser que el cliente confunda la máquina con una persona, sino que reciba una atención eficaz y pueda acceder a un profesional cuando lo necesite.
Con el 28 de diciembre como fecha límite de adaptación, las empresas deben revisar sus canales de atención y comprobar que sus procedimientos cumplen las obligaciones aplicables. Para la Asociación Española de Consumidores, la prioridad es perfeccionar los sistemas con suficiente antelación y evitar que la implantación se deje para el último momento.

De Benito recomienda priorizar los requisitos que los clientes pueden reclamar con mayor facilidad, como atender al menos el 95% de las llamadas y de las solicitudes para hablar con una persona, de media, en menos de tres minutos; garantizar la atención en castellano o en la lengua cooficial que elija el cliente; no interrumpir la comunicación por tiempos de espera elevados y no derivar las llamadas a números de pago. También aconseja revisar los plazos aplicables a la resolución de incidencias y quejas y a la respuesta ante interrupciones de servicios básicos.
CECU recomienda analizar los servicios desde la perspectiva del consumidor y comprobar que existe una vía real y rápida para acceder a una persona, que los plazos de respuesta se miden y cumplen, y que la atención es gratuita y accesible en los términos exigidos por la ley. Entre los riesgos que identifica figuran los bots que dificultan el contacto humano, las respuestas automáticas que cierran reclamaciones sin resolverlas y la implantación de soluciones sin realizar pruebas con usuarios reales, incluidas personas mayores o con discapacidad. La organización también advierte sobre el uso de los canales de atención para realizar actividades comerciales y sobre la necesidad de respetar las exigencias aplicables a la grabación de las interacciones telefónicas.
El Presidente de la Asociación Española de Consumidores coincide en que la preparación anticipada resulta determinante para evitar errores e incumplimientos. Su Asociación espera que las empresas lleguen a la fecha límite con sistemas eficaces, sin que sean necesarias denuncias o sanciones que, en su opinión, no benefician ni al sector empresarial, ni a los consumidores. Desde SVAE, Carlos Prados considera que la implantación no debería generar grandes dificultades, siempre que las empresas sean conscientes de las limitaciones actuales de la tecnología y no intenten aplicarla a todos los casos por igual.
Por su parte, Iván López advierte de que algunos problemas de implantación no proceden de la tecnología en sí, sino de una interpretación insuficiente de la normativa o de una configuración inadecuada de los sistemas. Recomienda verificar que la información ofrecida por los bots es correcta, mantener actualizadas sus bases de conocimiento y escoger soluciones que puedan integrarse con las herramientas de trabajo de la empresa, como el CRM. También considera necesario limitar las respuestas a los ámbitos para los que el sistema está preparado y establecer mecanismos, que eviten que la IA genere información ajena al servicio o perjudicial para la marca.
HISPACOOP añade que la accesibilidad debe formar parte de esa preparación. La organización advierte de que los sistemas deben tener en cuenta a las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes tienen menores competencias digitales. También señala la importancia de revisar los procedimientos para permitir que las reclamaciones se presenten por el mismo canal por el que se contrató, facilitar justificantes y códigos de seguimiento y formar tanto al personal de atención, como a quienes diseñan y gestionan los sistemas automatizados.
El reto, en definitiva, no consiste en automatizar el máximo número posible de interacciones, sino en identificar dónde aporta valor la inteligencia artificial y dónde la intervención humana sigue siendo imprescindible. La tecnología puede contribuir a reducir costes y mejorar la disponibilidad, pero el resultado dependerá de que las empresas la integren con criterios de calidad, transparencia y capacidad real de resolución. En un entorno de mayores exigencias para la atención al cliente, la eficiencia no se medirá únicamente por la rapidez de las respuestas, sino por la capacidad de resolver los problemas que motivan cada contacto.