El precio de la vivienda en España se ha disparado un 12,2% en el primer trimestre del año, lo que supone la mayor subida en los últimos 18 años. Este incremento agrava uno de los grandes desafíos sociales del país: el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Según los últimos datos, la edad media de emancipación en España supera ya los 30 años, mientras que el alquiler en las grandes ciudades consume más del 40% del salario medio juvenil. Para muchos, la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad es una meta inalcanzable.
Desde el sector inmobiliario se advierte de una creciente desigualdad generacional que, de no corregirse, podría tener efectos estructurales a largo plazo. Antonio Ortiz, director general de SAFTI España, asegura que “no estamos ante un fenómeno inevitable ni exclusivo de nuestro país. Con voluntad política, colaboración público-privada y decisiones valientes, es posible revertir esta situación”.
Entre las propuestas que plantea Ortiz destaca el impulso a la construcción de vivienda accesible mediante incentivos efectivos, con una planificación a largo plazo que garantice un parque estable para las generaciones actuales y futuras. Reclama facilitar el suelo finalista, agilizar licencias y activar políticas coherentes que eviten la desaparición de la vivienda asequible, incluyendo una fiscalidad ajustada al poder adquisitivo de las familias.
Otra medida clave sería la creación de una auténtica red de vivienda pública y protegida en alquiler. España presenta una de las tasas más bajas de Europa en este ámbito. Para revertirlo, se propone una inversión sostenida con participación del sector privado, sin ventajas fiscales a actores especulativos y con criterios claros de acceso a estas viviendas.
Ortiz también defiende reforzar las ayudas al alquiler, pero con un control estricto del impacto, ya que en algunos casos pueden generar efectos adversos. Plantea además la inclusión de avales públicos que ayuden a los jóvenes a ofrecer garantías a los arrendadores o acceder a hipotecas con mayor seguridad.
El plan de acción se completa con una apuesta por la rehabilitación urbana y el cambio de uso de inmuebles infrautilizados, así como con educación financiera para que los jóvenes comprendan los factores que afectan a su capacidad de compra. La planificación de nuevos desarrollos urbanísticos bien conectados, aunque más alejados del centro, también se perfila como una solución viable.
“Desde el sector inmobiliario, estamos comprometidos con las personas. Por eso, queremos trabajar con transparencia y responsabilidad para que el acceso a la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho para toda una generación”, concluye Ortiz.
